Autoridades sancionan el primer caso de colusión en contrataciones públicas

Santo Domingo.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, reveló que por primera vez ha sido sancionado un caso por colusión en las contrataciones públicas, referente a dos empresas distribuidoras de insumos para la elaboración de alimentos destinados a las cárceles del régimen penitenciario nacional.

Este hecho "sin precedentes" fue valorado y reconocido por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, quien se refirió a la sanción del primer caso de colusión como un "éxito" en la gestión de Vásquez Taveras, destacó un comunicado de la oficina de esta última.

"Hace años que se creó ProCompetencia y es ahora cuando comienza a funcionar. Es importante que se hable de colusión y por primera vez aquí tenemos sentencia de esta práctica anticompetitiva", expresó Ortiz Bosch, al inaugurar el conversatorio ProCompetencia: Mejores prácticas en Cumplimiento Normativo y Transparencia, en Punta Cana, afirmó el comunicado.

En su intervención, Vásquez Taveras destacó que entre los hallazgos que sirvieron de base para detectar el esquema "colusorio" entre las empresas participantes figuran, la relación entre los accionistas de ambas empresas pertenecientes a un mismo núcleo familiar; la coincidencia en los precios y productos ofertados; así como la representación mutua en la fase de ejecución contractual.

"Por primera vez en la historia de la República Dominicana se sanciona a dos empresas por coludir en procesos de compra y contratación pública, y esto fue posible gracias a la entidad pública donde se desarrolló esta práctica anticompetentiva, pero también a la colaboración que hemos logrado con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)", expuso la funcionaria que, sin embargo, no menciona a las empresas involucradas.

Agregó que las empresas fueron sancionadas conforme a la normativa y la estimación del daño se calculó sobre la base de las fórmulas económicas que la institución ha publicado en sus guías metodológicas y que dotan de seguridad jurídica y certeza los procesos sancionadores de la institución.