SANTO DOMINGO. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre la nueva Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que ha sido impugnada y atacada por varios juristas, así como el presidente de la Junta Central Electoral.
Eduardo Jorge Prats, explicó que si se declara inconstitucional alguna disposición de la Ley 33-18, esto solo afecta la disposición anulada, permaneciendo en vigor todo el resto de la normativa.
Dijo, además, que el tribunal “puede proveer una interpretación conforme con la Constitución de los textos impugnados sin tener que declararloa inconstitucionales”.
Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, coinciden con el presidente de la Junta Central, Julio César Castaños, en que la ley es inconstitucional. No solo porque añade requisitos no establecidos en la Carta Magna para optar por un puesto de elección, sino también por violentar la libertad de organización de los partidos y organizaciones políticas, además de que coarta la libertad de expresión y el conocimiento pleno que debe tener una persona sobre la que vota, al contemplar penas privativas de libertad.
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