SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República responderá mañana la serie de incidentes planteados ayer por los abogados de los siete imputados por los sobornos pagados por Odebrecht en República Dominicana a cambio de la adjudicación de obras del Estado.
Francisco Ortega Polanco, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, acogió el pedimento de los fiscales y recesó para este miércoles a las 2:00 de la tarde la audiencia preliminar de solicitud de apertura a juicio hecha contra Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez y Jesús –Chú- Vásquez Martínez.
Entre los incidentes que deberán responder los representantes del Ministerio Público figuran las solicitudes de nulidad de la acusación penal por arbitrariedad en el proceso investigativo, ocultamiento de pruebas, violación al debido proceso y mentir a los imputados. La defensa de Bautista dice que la Procuraduría le mintió al decirle que no tenía listos los informes financieros y otras informaciones que pidieron pero que en las pruebas aportadas al proceso se puede evidenciar que para la fecha que le dieron la respuesta sí tenían en sus manos las informaciones solicitadas.
Los consejos de defensa presentaron al juez varias solicitudes de diligencias de investigación, así como de información, al Ministerio Público, autorizadas por el magistrado Ortega Polanco.
De igual manera piden declarar la extinción de la acción penal debido a que basado en las imputaciones de la Procuraduría los delitos imputados; cohecho, falsedad en declaración jurada, enriquecimiento ilícito y soborno, han perimido toda vez que ha transcurrido el plazo máximo de duración. Diez años.
De igual modo la declinatoria del caso al Distrito Nacional por considerar que no existe una ley que establezca que un imputado pierda el derecho a ser juzgado por un juez natural y tampoco el arrastre cuando haya un procesado con privilegio de jurisdicción.
Señalan, además, que el Ministerio Público no establece la conexidad o vínculo entre el senador Galán y los demás imputados, y que tampoco demuestran cómo se configura la asociación de malhechores. No hay imputación precisa de cargos, afirman.
Los abogados de Andrés Bautista pidieron sobreseer el proceso por considerar que el Senado de la República debe realizar un juicio político a Tommy Galán para determinar si le mantienen o le retiran la inmunidad.
Víctor Díaz solicitó un auto de No Ha Lugar a la acusación del Ministerio Público basado en que los cargos que se le imputan ya fueron investigados y archivados por el órgano investigador mediante sentencias ratificadas en las diversas instancias, así como en el Tribunal Constitucional. Afirma que es una doble persecución ya que la Fiscalía del Distrito Nacional ya lo investigó por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, declaración jurada, incremento injustificado de patrimonio, entre otros delitos, cuando fue funcionario público.
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