SANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República afirmó que los bienes muebles e inmuebles del exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (antes CDE, ahora CDEEE), César Sánchez Torres, el exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica, Máximo D’ Óleo y Bernardo Castellanos de Moya, exdirector técnico, no pudieron ser vinculados a los sobornos pagados por Odebrecht para la Hidroeléctrica Pinalito.
Según los archivos provisionales números 00013, 00014 y 00015, emitidos por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), aun siendo éstos señalados por el exgerente de Odebrecht en el país, Marco Vasconcelos Cruz, como tres de las personas que recibieron soborno, “no ha sido posible corroborar esa información, con movimientos financieros relevantes que sirvan para sustentar ante un tribunal que los imputados aceptaran sobornos o se enriquecieron ilícitamente”.
En el caso de Sánchez Torres, el procurador Jean Alain Rodríguez y Laura Guerrero Pelletier, directora del PEPCA, afirman que “no obstante el gran esfuerzo que ha realizado el Ministerio Público recopilando y analizando toda la documentación recibida, no existen los elementos de prueba suficientes para fundamentar una acusación y actualmente no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos”.
Los exfuncionarios ejercieron funciones del año 2000 al 2004 y habían sido acusados de soborno, coalición de funcionarios, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por supuestamente recibir de Norberto Odebrecht a través de su entonces enlace comercial, Ángel Rondón Rijo, sobornos para favorecer a la multinacional con la obra contratada en 2002, y a la que le hicieron varias adendas.
El Ministerio Público afirmó que la investigación no se limitó a los imputados de forma única, sino que también fueron investigados familiares y relacionados con el fin de encontrar evidencias que los comprometieran penalmente.
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