Meses de disturbios arrasan la economía de Nicaragua

LEÓN. Dos días después del inicio de las protestas en Nicaragua en abril, una empresa extranjera de componentes para autos mantenía una reunión en un hotel de la ciudad de León cuando el humo procedente de un edificio de una universidad en llamas, a apenas un bloque de distancia, llenó el patio del establecimiento.

Los visitantes acortaron rápidamente el encuentro y empezaron a cambiar sus planes de viaje para abandonar el país. En tres meses, ese hotel, El Convento, se vio obligado a cerrar por falta de clientes, igual que ocurrió con otro del mismo grupo en junio.

La economía de Nicaragua se ha visto devastada por casi cinco meses de disturbios provocados por una reforma de la Seguridad Social que pronto derivó en peticiones de dimisión contra el presidente, Daniel Ortega.

En junio, la actividad económica del país había caído un 12,1 % en comparación con el año anterior, según el Banco Central. Los economistas estiman que se han perdido 200.000 empleos, incluyendo hasta 70.000 en el sector turístico, que en los dos últimos años se convirtió en la principal fuente de divisas del país.

Los ingresos de hoteles y restaurantes se desplomaron un 45 % en junio frente a 2017, de acuerdo con el Banco Central. Del mismo modo, la construcción experimentó una caída del 35 % y las ventas minoristas del 27%. Además se retiraron unos 900 millones de dólares en depósitos de las entidades financieras, que respondieron ajustando sus préstamos para preservar la liquidez, lo que también contribuyó a la desaceleración económica.

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua reportó que más de 4.855 hectáreas (más de 12.000 acres) de terrenos privados fueron ocupadas por partidarios del gobierno en lo que, según líderes del sector, fueron confiscaciones en venganza por su respaldo a los manifestantes.

El 91 % de los terrenos ocupados se utilizaba para la agricultura y ganadería, agregaron.

Víctor Hugo Sevilla, el gerente de los dos hoteles de León, sigue chequeando su correo electrónico, pero reconoce que “no he recibido solicitudes de extranjeros para reservaciones. Hemos recibido cinco, tal vez ocho, consultas de tarifas de (viajeros) nacionales, pero no reservaciones en firme”.

León, la segunda ciudad más grande de Nicaragua, fue uno de los lugares que registró manifestaciones y barricadas más intensas. Desde el principio, estas protestas se toparon con la violencia de la policía antimotines y de civiles partidarios del ejecutivo de Ortega. En julio, desalojaron por la fuerza las barricadas y expulsaron a los estudiantes descontentos que ocupaban los campus universitarios.

Más de 300 personas perdieron la vida en los disturbios, según grupos de derechos humanos. El gobierno se refiere a los manifestantes como “terroristas” y dijo que derrotó un intento de echar a Ortega del cargo patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y la oposición en el país, incluyendo algunos en el sector privado.

Ortega reconoció este mes que los disturbios le costaron empleos al país. En una entrevista con la agencia de noticias española EFE, apuntó que el turismo doméstico estaba empezando a regresar, pero “donde ha habido más problema es en la atracción de turismo internacional, porque esta situación tiende a ahuyentar a los turistas”.

Un factor importante fue que los países de procedencia de la mayoría de los turistas con un poder adquisitivo alto _ como Estados Unidos, Canadá, España y Gran Bretaña _ emitieron advertencias instando sus ciudadanos a evitar los viajes a la nación centroamericana.

Grandes aerolíneas como American y United redujeron sus vuelos a la capital, Managua, de tres diarios a apenas uno. Spirit y Delta, entre otras, rebajaron también sus rutas, apuntó José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.

El organismo, que es la principal cámara de comercio del país, se unió a la convocatoria de una huelga nacional el 7 de septiembre. La Alianza Cívica, formada para representar a un amplio sector de la sociedad nicaragüense en el estancado diálogo con el gobierno, dijo que el paro buscaba presionar a las autoridades para volver a la mesa de negociación y protestar por la detención de miembros de la Alianza y otros presos por causas políticas.

Los principales destinos turísticos del país, incluyendo la joya colonial de Granada y San Juan del Sur, un paraíso del surf en la costa del Pacifico, notaron las consecuencias de las protestas casi de inmediato. Hoteles y restaurantes redujeron sus horas abiertos, luego los días hasta que finalmente cerraron por completo.

Durante años, Ortega disfrutó de una relación relativamente estable con el sector privado. Desde su regreso al poder en 2007, quien en su día fuera un comandante rebelde marxista suavizó su postura y dejaba en gran medida que el sector empresarial nicaragüense hiciese lo que quería.

Esta relación fue criticada por muchos como un acuerdo tácito para mantener a la élite empresarial del país alejada de la política. En una entrevista concedida en julio a la televisora venezolana Telesur, Ortega señaló que su acuerdo con el sector privado del país había sido estrictamente económico y no político.

Pero en abril, los intereses comerciales del país, a quienes los cambios en el Seguro Social pillaron con la guardia baja, se unieron rápidamente a la oposición. A medida que la crisis política y social se agravaba, el sector privado era cada vez más claro en sus pedidos de adelanto electoral a Ortega.

Mario Arana, director de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua y exdirector del Banco Central, apuntó que el sector privado decidió implicarse más tras la muerte de estudiantes en las protestas.

“Cuando aquí hubo una sobrerreacción a una protesta cívica, pacifica de estudiantes en donde la gente comienza a perder la vida, el pueblo sufrió una combustión social en donde el sector privado se puso a lado del pueblo”, dijo. “El sector privado está comprometido con tratar de encontrar una salida negociada a la crisis”.

Juan Sebastián Chamorro, que dirige la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, apuntó que el gobierno ha dado señales de que reconoce la gravedad del impacto económico. Emitió nueva deuda, ajustó las normas para endurecer la venta de dólares y recortó el gasto público ya que prevé una caída del 10 % en la recaudación de impuestos.

No se sabe con certeza si estas medidas serán suficientes para frenar la caída de la economía si no se acompañan de una solución política que devuelva la estabilidad, dijeron los expertos.

Durante años, León había sido, como mucho, el destino de una excursión de un día para los turistas que empezaban a explorar Granada o San Juan del Sur. Pero la ciudad había trabajado mucho para llamar la atención y Art Collection Hotels había apostado por sus perspectivas de futuro con su segundo hotel, La Recolección, en 2017.

“Nosotros teníamos una alta expectativa para este año”, apuntó Sevilla, el gerente de los establecimientos ahora cerrados.

Entre las dos propiedades había 113 empleados. De ellos, 67 están en suspenso pero podrían regresar a sus puestos sin perder ninguno de sus beneficios ni antigüedad, pero el resto fueron despedidos. El gestor ha mantenido el contacto con algunos de ellos. Los que siguen allí aceptan cualquier empleo que pueden encontrar, pero Sevilla estima que al menos la mitad se marchó del país, la mayoría para buscar empleo en el sector turístico en Costa Rica.

Los hoteles tienen 190 reservas para noviembre, cuando comienza la temporada alta, pero eso es menos de la mitad de las de noviembre del año pasado. Con todo, Sevilla espera poder volver a trabajar en octubre y, aunque lo logre, prevé un lento regreso a la normalidad.

Los cafés y las tiendas de artesanía que rodean el centro histórico de León estaban abiertas esta semana, no como muchos hoteles y hostales de la zona.

“Me parece que tomarán al menos 12 meses, cuidado más, para que podamos empezar a reactivar un poco el motor turístico”, apuntó Sevilla.