FRÁNCFORT. Los precios, volúmenes de transacciones y bases de clientes de criptomonedas en todo el mundo reaccionan con fuerza a las noticias sobre intervenciones de autoridades nacionales, según el Banco de Pagos Internacionales (BPI).
En un artículo monográfico de su informe de septiembre, publicado hoy, Raphael Auer y Stijn Claessens analizan la regulación de las criptomonedas y sus reacciones de mercado.
Las noticias sobre intervenciones que afectan a la naturaleza jurídica de las criptomonedas, desde las prohibiciones completas hasta las declaraciones abogando por su sujeción a la legislación sobre valores, son las que tienen un mayor efecto negativo sobre sus precios.
“Este efecto negativo es grande y persiste en el tiempo”, según el artículo.
Las noticias relacionadas con directrices para el tratamiento de las criptomonedas en virtud de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo también han tenido un efecto negativo significativo y duradero sobre los precios, aunque menos pronunciado.
Por ejemplo, la decisión de la Comisión de Bolsa y de Valores de EEUU (SEC) en marzo de 2017 de rechazar una propuesta para modificar la regulación de las bolsas y de permitir la creación de fondo cotizado para el bitcoin hizo que tras unos cinco minutos su precio en un 16 %.
Eventos favorables generan una rentabilidad media del 0.33 % en unos 120 minutos de conocerse la noticia y del 1.52 % en unas 24 horas.
Los eventos desfavorables causan una caída de la rentabilidad del 0.32 y del 3.12 % en esos mismos plazos de tiempo.
En cambio, las advertencias generales sobre criptomonedas, como el riesgo de pérdidas, han tenido un efecto apenas perceptible sobre los precios.
“En este sentido, parece que la persuasión moral no basta por sí sola para frenar mercados especulativos”, según los autores del artículo.
Las criptomonedas son vulnerables a intervenciones eficaces de las distintas jurisdicciones.
“Sin duda, una respuesta de política coordinada a escala mundial sería más eficaz, pero la ausencia de esa coordinación no tiene por qué ser un impedimento para una intervención eficaz. Las autoridades nacionales están en condiciones de actuar si así lo deciden”, concluyen.
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