SANTO DOMINGO. Tras la convocatoria a paro por 72 horas de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO) a partir del martes 25 de septiembre, por el alza de los precios de los combustibles que, afirma, provoca grandes pérdidas al sector, los empresarios advierten que, si se ven en la necesidad de solicitar el uso de la fuerza pública, lo harán para poder movilizar sus mercancías.
“Tenemos que recordarles que nosotros ganamos un juicio en el TSA (Tribunal Superior Administrativo) y que fue confirmado por el Tribunal Constitucional, lo cual nos da la potestad de contratar a quienes nosotros queramos y si ellos no están disponibles, pues buscaremos la forma de nosotros mover nuestras mercancías”, indicó el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache.
Afirma que cualquier paro deben hacerlo de forma pacífica y precisó que si bloquean los puertos solicitarán el uso de la fuerza pública para tener acceso y mover sus mercancías “como es nuestro derecho, ratificado por el Tribunal Constitucional recientemente”.
De su lado, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, dijo esperar que, si hacen el paro, no entorpezcan las actividades de los puertos y el libre tránsito y transporte.
“Esperamos que ellos reflexionen porque de nada sirve hacer un paro que lo que genera es pérdidas tanto para ellos como para todo el país, además, el precio internacional del petróleo es algo que no controlamos”, apuntó la dirigente empresarial.
Más temprano, el presidente de Fenatrado, Ricardo de los Santos, señaló que a los camioneros les resulta imposible seguir realizando sus actividades de transporte de carga con los actuales precios de los combustibles y el impacto negativo en todos los insumos que utilizan como neumáticos, repuestos, lubricantes y otros.
“Anunciamos al Gobierno, a nuestros clientes y a la opinión pública la decisión, aprobada por el Consejo Nacional de Camioneros, de parar servicios de los camioneros porque es imposible seguir desarrollando nuestras actividades en condiciones en que más del 60% de la producción tenemos que dedicarla a la compra de combustible, lo que está provocando la quiebra masiva de cientos de nuestros compañeros, agobiados por las deudas con las financieras y los suplidores y sin posibilidad de solucionar las necesidades básicas propias y de nuestras familias”, expresó De los Santos.
El pasado mes de agosto, el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que declaró que existía un monopolio en el sector transporte de carga en el país violando así el derecho a la libre empresa, libertad de tránsito y trabajo. Anteriormente, el Tribunal Superior Administrativo estableció que el Estado dominicano a través de los ministerios de Trabajo, Industria y Comercio, Defensa, Interior y Policía, y Turismo; la Policía Nacional y la OTTT, violaron las leyes que prohíben el establecimiento de monopolio en provecho de particulares en los trabajos de carga o descarga de buques de cualquier naturaleza en los muelles del país.
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