Una investigación de Diario Libre comprobó la existencia de una red que trafica a dominicanos y haitianos hacia Chile, valiéndose de la falsificación de documentos, viajes clandestinos y estafas, y encontró indicios del involucramiento de funcionarios de Haití y de agencias de viajes.
―Quiero información de cómo viajar a Chile― dijo la mujer al agente de seguridad que custodia la entrada del consulado haitiano en Santo Domingo.
―Hable con él― respondió el agente, al tiempo que señalaba a un hombre que, a pocos metros, daba instrucciones a una usuaria, en las afueras del consulado en el que también opera la embajada del vecino país.
La mujer se dirige al hombre y le explica lo que quiere:
―Necesito información sobre cómo viajar a Chile.
El hombre la mira, discreto. Busca en su celular y dicta a la mujer un nombre y un número telefónico.
―Hable con ella y dígale que es de parte mía― le dice casi en susurros.
La mujer llamó al número telefónico y otra voz femenina le contestó. Le contó el motivo de su llamada y las respuestas que recibió le confirmaron la existencia de una red que se dedica a dotar a dominicanos de actas de nacimiento y pasaportes haitianos falsificados, para que puedan viajar a Chile.
La vulnerabilidad del registro civil de Haití es una situación que sus autoridades admiten, pero alegan que representa un problema difícil de resolver.
Diario Libre conversó con varios de los involucrados en este servicio ilegal y constató la operatividad de esta mafia que trafica a dominicanos y haitianos hacia Suramérica por montos superiores a los US$2,000 y que falsifica documentos para impulsar una emigración clandestina que a veces termina en estafa. Los traficantes operan dentro y fuera de la isla La Española con aparente complicidad de funcionarios y personas vinculadas al servicio diplomático y consular haitiano, así como representantes de agencias de viajes.
Aquel martes último de marzo, la mujer afuera de la Embajada escuchó de su interlocutora, de nacionalidad haitiana, los detalles del servicio por el que preguntaba:
―Mucha gente se está haciendo pasar por haitiano para viajar. Yo le consigo el acta de nacimiento por 3,500 pesos (unos US$71). Venga y hablemos que yo le hago todo― ofrece desde el otro lado del auricular la organizadora de viajes ilegales.
A la oferta le siguen detalles del proceso, tanto a través de llamadas telefónicas posteriores o durante visitas a la organizadora de viajes que reside en una ciudad cercana a la capital dominicana.
La persona interesada en su servicio debe pagar US$90 (la primera vez dijo US$71) por un acta de nacimiento que se expide en Haití con su nombre o con otro que escoja que sea más común en una cultura lingüística determinada por el francés.
El pasaporte, que se manda hacer a través del consulado y se entrega entre ocho días hasta tres meses después, tiene un costo de US$350 (unos RD$17,000). Se requieren dos fotos del solicitante. Luego, se debe completar otro pago de un poco más de US$1,700 (RD$85,000) por la compra del pasaje a la organizadora, quien para garantizar el éxito del viaje, se ofrece a acompañar a su cliente hasta el aeropuerto “para evitar que tenga inconvenientes”.
El viaje que ofrece tiene un costo total de US$2,144 para un dominicano que se hace pasar por haitiano. A los haitianos, a los que también organiza la travesía, les cobra US$1,000, tarifa que incluye la compra del vuelo y reserva de hotel.
La señora enfatiza que sus viajes son seguros, pues insiste una y otra vez en que cuenta con “contactos en la Embajada” (haitiana).
Este periódico habló con tres personas que usaron ya estos servicios. Una de ellas, un dominicano que emigró a Chile en 2017.
Viajó junto a un tío suyo, ambos con pasaportes haitianos. Los documentos para emigrar los preparó una señora residente en Barahona, una provincia del sur de la República Dominicana cercana a la zona fronteriza.
“Pagué 100,000 pesos (unos US$2,020)” –contó–. “El proceso duró como 15 días, pero el papel mío (el acta de nacimiento para gestionar el pasaporte) se retrasó y duró como ocho meses. Luego ella cambió la gente que lo estaba haciendo y estaba usando gente de Haití. Los papeles los envían al Consulado haitiano en Barahona, ahí es que depositó los míos y duraron mucho tiempo, pero los de mi tío fue directamente en Haití (que los tramitaron), porque es más rápido, pues solo tienen que ponerles la visa (como si viajara) de Haití a Dominicana”.
Familiares de migrantes radicados en Chile plantean sin reparos que sus parientes salieron con pasaportes haitianos. También el representante de una organización que trabaja con dominicanos en el país suramericano aseguró, aunque prefiere mantener el anonimato para evitar recriminaciones, que conoce a varios compatriotas que llegaron con documentos falsificados.
Con el cambio de nacionalidad, los migrantes dominicanos tratan de aprovechar la gracia de no requerimiento de visa que, hasta abril de este 2018, mantuvo Chile con los ciudadanos de Haití, el país más pobre de América.
El 9 de abril pasado, el presidente chileno, Sebastián Piñera, presentó una propuesta de Ley Migratoria que buscaba la regularización de los inmigrantes en condición irregular, estimados en más de 300,000 personas.
El mandatario también decretó una serie de medidas que incluyen instaurar el requisito de visa de turismo simple para los haitianos que quieran ingresar como turistas y una visa humanitaria válida por 12 meses, con la que pueden optar, luego, a una residencia definitiva.
La exigencia de visado ha frenado la salida de los haitianos a ese país, dice Pierre Roody, operador de la Dirección de Inmigración y Emigración de Haití. Comenta que hasta el año pasado su oficina recibía hasta 400 solicitudes de pasaportes en un día, pero que desde abril bajó a menos de 100.
En el Diagnóstico regional sobre migración haitiana, elaborado en 2017 por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se destaca que aunque el 75.8 % de la inmigración en Chile proviene de Suramérica, el flujo de haitianos ha ido aumentando desde que ocurrió el terremoto de 7 grados de magnitud que sacudió el país caribeño en enero de 2010, pasando de 697 visas temporales otorgadas ese año a 8,888 en 2015. El estudio indica que, a pesar de que el principal destino de los migrantes haitianos fue Brasil, en 2016 se dio un proceso migratorio desde ese país hacia Norteamérica y Chile, vía terrestre.
Desde 2012 Chile exige a los dominicanos entrar con visa, en un intento por frenar la inmigración ilegal. En abril pasado, Fernando Barreras, entonces embajador de Chile en la República Dominicana, planteó durante una entrevista la preocupación de su país por la “explosión” que ha tenido la comunidad dominicana.
“Hasta cuatro años atrás, teníamos una colectividad dominicana de no más de 800 a 1,000 personas, y ahora, nos hemos dado cuenta que hay más de 50,000. Y no hemos dado 50,000 visas, pues las estadísticas anuales del consulado no pasan de 1,500 a 2,000 visas por año”, dijo. Cifra en 25,000 la población dominicana registrada legalmente en Chile.
Chile tiene una de las economías más estables de América Latina y el salario mínimo se sitúa en los US$600 (alrededor de RD$30,000) que supera en casi el doble el sueldo mínimo dominicano más alto que es de US$311.
Datos suministrados por el Departamento de Extranjería y Migración de Chile muestran cómo las solicitudes de visas que hacen los dominicanos descendieron en 75 % en los últimos cinco años, al pasar de 4,198 solicitudes en 2012 a 1,070 en 2017.
Barreras, que en abril llevaba unos cinco años como embajador en el país, señaló que alrededor del 80 % de las solicitudes de visas que hacen los dominicanos se rechaza por documentación falsa. Incluso, ha puesto al tanto a las autoridades del Ministerio Público sobre unas tres “empresas” que se dedican a falsear documentos. En la Procuraduría General de la República dijeron no tener información al respecto cuando Diario Libre les requirió.
La Dirección General de Migración tiene registros de 127 casos de personas que entre 2015 y julio de 2018 intentaron viajar con documentos falsos. De ellas, 57 eran haitianos y 34 dominicanos.
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) informó que ha detectado a 40 personas con documentación falsa, incluyendo a seis dominicanos y cinco haitianos. Los otros eran de Bolivia (12), India (11) y Perú (6).
El Código Penal Dominicano castiga con prisión correccional de tres meses a un año a quien se haga inscribir o sirva de testigo para inscribir con un nombre supuesto en un pasaporte. La misma pena se aplicará a todo individuo que hiciere uso de algún pasaporte librado bajo un nombre distinto del suyo. Además, el Código Penal prescribe trabajos públicos hasta por diez años al que hiciere un pasaporte falso, al que falsifique un pasaporte primitivamente verdadero y al que hiciere uso de un pasaporte falso o falsificado.
Cercano a la embajada
Además de facilitar a la mujer el número de teléfono de la organizadora de viaje, el hombre a las afueras de la Embajada haitiana en Santo Domingo también ofreció hacer el trámite de su documento de viaje falso.
“Cualquier cosa tú vienes donde mí y te lo mando a hacer. Soy yo que le resuelvo los pasaportes de la gente de ella”, dijo durante una llamada telefónica realizada un mes después.
Durante la conversación, explicó que el pasaporte se manda hacer a Washington a través de la Embajada, mientras el acta de nacimiento la hacen en Haití.
En visitas posteriores a la sede de la delegación, se le pudo ver entrar y salir de algunas oficinas sin anuncio previo.
Actuales y antiguos empleados de la embajada identifican al hombre, que también es haitiano, como un “buscón” (o coyote) y una persona de confianza del personal diplomático haitiano.
Diario Libre gestionó una entrevista con algún representante de la Embajada de Haití en Santo Domingo, pero la secretaria encargada de dar seguimiento a la petición informó que la solicitud fue rechazada.
En agosto de 2017, la Policía Nacional informó en un comunicado de prensa que había desmantelado un laboratorio clandestino que falsificaba pasaportes, actas de nacimiento y de matrimonio, que operaba en los alrededores del Consulado haitiano, ubicado en la Zona Universitaria del Distrito Nacional.
Informó la detención de un haitiano que estaba dentro de uno de dos vehículos retenidos en el operativo y que eran utilizados para la falsificación. También, que perseguía a otras dos personas.
Tras varios días buscando el oficio del caso en la Policía sin encontrarlo, uno de los agentes actuantes explicó que la detención se hizo para fines de investigación, pero que la persona no fue sometida a los tribunales.
Este caso terminó con un archivo definitivo por decisión de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El director del Departamento de Falsificaciones de la Fiscalía, Juan Mateo Ciprián, alega que el archivo definitivo del expediente se produjo luego de recibir una certificación en la que el ministro consejero de la Embajada, Jean Jacques Décatrel Mirville, aseguraba que todos los documentos ocupados, 196 actas y 119 pasaportes, eran originales. De este caso también se pretendía hablar con representantes de la embajada haitiana, pero la entrevista no fue concedida.
“El caso era raro. No es normal que esos ciudadanos tuvieran todos esos documentos en sus manos, pero eran originales, no podíamos más que archivarlo”, comenta el fiscal.
Confesiones de un falsificador
De cómo conseguir un acta de nacimiento falsa en Haití habló en persona un falsificador, en la capital de ese país, Puerto Príncipe.
La persona accedió a la entrevista bajo promesa de que se mantuviera su anonimato. Tiene una agencia que tramita los pasaportes de forma legal, sirviendo de intermediario entre el solicitante y la Dirección de Inmigración y Emigración. Por el trámite cobra US$92 que incluyen el pago del documento y tasas.
Pero también se especializa en conseguir pasaportes a haitianos que no quieren esperar el año o más tiempo que a veces les toma una solicitud al ente oficial, o que no reúnen los requisitos de matrícula fiscal, carta electoral y timbre (sello) que exige el Gobierno para expedir el documento.
Bajo ayuda de un traductor, el falsificador cuenta que con el nombre y la fecha de nacimiento que le dan las personas, él hace el pasaporte. Si el solicitante tiene el acta de nacimiento nada más, él hace el resto. En este caso, el precio del servicio sube unos US$115 adicionales que cubren sus honorarios más un soborno para el personal de Inmigración que le deja pasar sus expedientes, a sabiendas de que son falsos.
―Hay una persona de contacto que sabe que los documentos son falsos, pero tienen buena fecha y buen nombre. Además, uno paga para que pase. Tú no puedes ir solo con esos documentos así, pues sabrían que son falsos”, indica.
―¿Cuánto pagas al contacto de Inmigración?
―Eso no se dice― responde entre risas.
Lo que sí revela es que hace este tipo de documentos falsos a unas 10 ó 15 personas al mes. Entre sus clientes no reconoce a ningún dominicano, aunque sí sabe que éstos también demandan del tipo de servicio que presta.
“Hay agencias que lo hacen, él no, porque no sabe hablar el idioma español”, explica el intérprete.
Haití, con una población de 10 millones de habitantes, enfrenta serias dificultades para el asentamiento de sus ciudadanos en el Registro Civil, algo que se convierte en un aliciente para la falsificación.
Wilfrid Bertrand, director general del Archivo Nacional de Haití, órgano que maneja los registros de identidad, reconoce esas debilidades. “El 70 por ciento de la población vive en los montes y montañas y tiene que caminar muchos kilómetros para hacer una declaración porque no hay servicios cerca”, dice.
“Por eso, en este momento hay como tres millones de personas o más que no tienen documentos, son personas que viven aquí y fuera del país, la mayoría en República Dominicana, que cruzan la frontera sin nada (que los identifique)”, añade.
Esa situación -explica- les obliga a tener que asentar en los libros de registros a cualquier persona que llegue a una de las 194 oficinas de Archivo Nacional de Estado Civil que existen en ese país y declare que es haitiana.
Otra debilidad que cita como parte del problema de emitir actas sin un riguroso control se refiere a que el personal de registro, por ley, debía guardar un acta de cada declarante y enviar otra al Supremo de Justicia. No lo hacían y los archivos de miles han desaparecido.
“El sistema no favorece a las personas para hacer sus declaraciones. Lamentablemente los que han tenido la oportunidad y hacen el esfuerzo por declararse se encuentran con problemas graves, como actas sin registrar, actas registradas con problemas, muchos errores de datos, sea de sexo, lugar de nacimiento, datos sin los cuales no se puede procesar el acta”, se queja.
Corregir esos errores es responsabilidad de la Procuraduría, pero el interesado deberá apoderar a un abogado para llevar el proceso, cuyo costo estimado ronda los US$36.
El funcionario también admite que hasta hace 10 años, Haití entregaba a sus ciudadanos un acta manuscrita que puede ser falsificada y de la que no tienen mucho control de seguridad.
Destaca, sin embargo, que en la actualidad, el Estado expide un nuevo documento digitalizado que contiene un código de seguridad “difícil de falsear”. Aunque todavía se acepta el acta manuscrita, en el Archivo Nacional solo se le toma como soporte para emitir el acta digitalizada.
En el siguiente video, Bertrand ofrece más detalles:
Agencias y amigos que estafan
En la ruta por llegar a Chile, dominicanos y haitianos caen víctimas de estafas, a veces de parte de personas cercanas que se ofrecen a organizarles el viaje o de agencias establecidas formalmente para el servicio.
Un joven haitiano que se gana la vida como taxista en su país, guardó durante meses parte de sus ganancias hasta reunir lo necesario para emigrar a Chile. Pagó US$1,185 a una agencia por un paquete de viaje que incluía una visa dominicana, país desde donde saldría el vuelo, además del pasaje a Sudamérica.
El precio de los boletos aéreos hacia Chile es más bajo en la República Dominicana que en Haití, lo que estimula a muchos emigrantes haitianos a viajar primero a suelo dominicano. Un pasaje que en Haití cuesta US$1,122 hasta Santiago de Chile, desde la República Dominicana cuesta US$700 en la misma aerolínea.
Estadísticas de la Dirección General de Migración indican que entre los años 2015 y junio de 2018, por los puertos dominicanos viajaron a Chile 45,597 haitianos (es la nacionalidad que más viajó después de los propios chilenos).
El director de la agencia en Haití a la que acudió el joven taxista era un haitiano residente en Santiago de los Caballeros, segunda ciudad de importancia en República Dominicana, en donde decía tener contactos para su actividad.
El vuelo estaba pautado para el 20 de noviembre de 2017, pero llegado el día, el director de la agencia, hospedado en un hotel de Puerto Príncipe, le comunicó al taxista que el viaje se había pospuesto para el 25. Ese día también le comunicó otra posposición, supuestamente porque tenía problemas con la visa dominicana.
Le pidió otros US$150 para resolver la situación y le fijó fecha de vuelo para el 13 de diciembre de 2017, pero desde entonces no ha vuelto a saber de él. Alguna vez escuchó el rumor de que se escapó a Chile por el aeropuerto dominicano de Puerto Plata.
El taxista dice que dio parte a las autoridades de su país del caso, que se investiga junto al de otras 300 personas que fueron estafadas por esa agencia, ahora cerrada por las autoridades haitianas.
Pero el deseo de este joven por salir de Haití, asustado por la inseguridad y el hambre que –dice– se padece en su país, lo empujó a otro intento de viaje a través de un amigo que reside en Chile y a quien pagó US$1,000 por el trámite. Recibió un correo con la reserva del vuelo para el 22 de febrero de 2018, pero cuando llegó al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture le comunicaron que ese boleto no había sido confirmado. “Me engañó también”, lamenta.
Otro haitiano que llegó a Dominicana en 2012 para trabajar en las plantaciones bananeras de Montecristi narró que fue estafado por un amigo que le prometió “hacerle” el viaje a él y otras cuatro personas a través de una agencia. Le pagó los US$1,200 que le pidió y que había ahorrado durante casi un año, pero cuando llegó al aeropuerto, agentes de Migración le informaron que sus documentos eran falsos.
La Procuraduría Especial contra Trata y Tráfico Ilícito de Personas investiga en la actualidad a agencias de viajes por su vinculación al tráfico ilícito a Chile. La titular Roxanna Reyes Acosta, que se excusó de no saber mucho de los casos por el poco tiempo que lleva en el cargo que ocupa desde noviembre de 2017, informó que tienen varios procesos en investigación de redes de tráfico a Chile y a otros destinos de Latinoamérica, incluidas agencias de viajes.
Las Brigadas de Trata de Personas (Bitrap) de la Región Metropolitana y de Preanconor de Chile también han detenido a tres dominicanos y ocho haitianos entre 2012 y 2018 vinculados al tráfico de personas, conforme a informaciones suministradas por la PDI.
Además, tienen registrados a otros ciudadanos de ambos países vinculados con el tráfico ilícito, de los que los organismos oficiales se reservan los detalles bajo el argumento de que las investigaciones siguen en desarrollo. También han detectado a 168 dominicanos y 41 haitianos, víctimas de tráfico, en igual período.
En abril pasado, la subprefecto de la Bitrap, Cynthia Contreras, anunció la detención de cinco personas, tres haitianos y dos chilenos, por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Detalló que cada uno de los detenidos tenía agencias de viajes con registro legal en Chile, una operaba en Haití, que ofertaba a haitianos viajes de ida y regreso, reservas hoteleras y, muchas veces, facilitaban los US$1,000 que se les exige a los turistas para poder justificar su estadía en Chile. Para ese momento de la investigación, se contaban en 48 las personas captadas por esas agencias.
El anuncio lo hizo la subprefecto a pocos días de allanamientos realizados por la PDI en las agencias de viajes Smandy Life Tours, Fuxion Travel y Quisqueya Travel.
En el Departamento de Asistencia Jurídica Internacional y Extradición de la Procuraduría General de República Dominicana, que dirige Gisela Cueto, todavía está abierta la solicitud de extradición que hizo el Gobierno chileno de un dominicano vinculado al tráfico ilícito.
Se trata de Daniel Jeremías Solano Mateo, pareja de la también dominicana Clara Corporán, condenada en Chile a cinco años y un día de cárcel por los viajes ilegales que organizaba a través de su agencia Sky Travel, ubicada en San Cristóbal, al suroeste de la capital dominicana.
La sentencia que condenó a Corporán detalla que los clientes pagaban por un viaje directo y legal a Chile y que la dominicana los enviaba a Bolivia, Perú o Ecuador, países en donde tenía una persona que se encargaba de mover a los traficados en autobús hasta su ingreso a Chile, por el desierto.
El fallo emitido por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, el 11 de febrero de 2015, declara culpables a Corporán y a otros dos chilenos, a quienes les atribuye haber traficado a unas 80 personas, en su mayoría dominicanos.
La sentencia recoge el testimonio de varios dominicanos que contaron que pagaron unos RD$85,000 (US$1,711 a tasa actual) a Corporán por organizarles un viaje legal a Chile, y que la mujer incluso les mostraba los documentos de solicitud de visa que hacía con sus nombres, pero que luego los enviaba a otros países, donde se enteraban de que su ingreso sería clandestino.
En su trayecto a Chile eran transportados en condiciones riesgosas para su vida y se enfermaban, por la altura y la temperatura a la que se enfrentaban sin estar preparados. Diario Libre contactó a una de las víctimas de ese caso que prefirió no referirse al tema por temor a los traficantes.
Daniel Acevedo, dominicano residente en Chile, sí cuenta cómo fue estafado con su viaje en 2016.
Apenas se reponía de un intento fallido de viajar a los Estados Unidos, cuando un amigo le ofreció ayudarlo para que se fuera a Chile. Le pagó US$1,000 por la travesía que lo llevaría a Ecuador con el propósito de conseguir allí una visa que le permitiera volar a su destino.
Pero, una vez en Ecuador, debió moverse en autobús durante varios días hasta llegar a Perú, donde una pareja le recibió en su casa. En ese lugar le informaron que el viaje a Chile sería caminando por la frontera. “Me molesté mucho, les reclamé, pero ya no podía devolverme”.
Para el trayecto por el desierto entre Pisiga, Bolivia, e Iquique, al norte de Chile, la mujer de la casa le entregó a Daniel un papel escrito, pero con la advertencia de que si le detenían durante el cruce, debía desaparecerlo.
Una vez entró a Chile, la PDI apresó a Daniel y a otras nueve personas, incluidos varios dominicanos que le acompañaban en el trayecto desde Bolivia. Todos decidieron tragarse el papel escrito, que consistía en una especie de permiso de estadía, recuerda.
Aún ilegal y portador de una carta de deportación que solo espera autorización judicial y que le obliga a presentarse cada mes ante la PDI, Daniel es hoy parte de unos 200 testigos en la causa que las autoridades chilenas siguen contra Soledad Marquena, la misma peruana que lo recibió en su casa y que ahora está imputada de tráfico ilícito.
Raúl Santana es otro dominicano que entró junto a su suegra a Chile en condiciones similares a las de Daniel, aunque de su viaje le quedó, más que un triste, un trágico recuerdo.
Llegar de Santo Domingo a Santiago de Chile le tomó 12 días y en el trayecto se le iban sumando otras personas hasta completar un grupo de nueve, todos dominicanos. Una de las que se sumó fue Maribel Pujols, una dominicana que perdió la vida mientras hacía la travesía.
Raúl recuerda que Pujols fue una de cuatro personas que se le unieron en Pisiga, mientras aguardaban el momento oportuno para cruzar, corriendo, a Iquique, el 11 de noviembre de 2016.
“Cuando teníamos como media hora de camino, notamos que ella se quedó atrás y me devolví con otro compañero a buscarla. Ella se quejaba de que estaba muy cansada y la tomamos de los hombros y la llevamos hasta el punto de descanso. Emprendimos la marcha otra vez, todos, pero a los 15 minutos ya Maribel no se veía”, recuerda.
El grupo, guiado por un coyote, hacía una ruta de 3.1 kilómetros que separan a Pisiga de Colchane, en la región de Tarapacá al norte de Chile, cuya capital es Iquique. La zona es parte del desierto más seco del mundo, el de Atacama, que guarda en sus entrañas parte de las minas antipersonales sembradas por Chile en la década del 70. Cruzar todo el trayecto le toma al grupo alrededor de tres horas corriendo.
Raúl cuenta que con otro de sus compañeros intentó volver por Maribel, pero que el coyote los amenazó con dejarlos abandonados si lo hacían. También les prometió que se encargaría de la mujer una vez dejara el grupo en el próximo transporte.
El día 15, instalado ya en la casa de un amigo en Santiago de Chile, Raúl escuchó la noticia de que encontraron muerta a la indocumentada Maribel Pujols.
“Uno se pone nostálgico y lamentando lo sucedido... Pensé que la dejaron morir y que así como fue ella, habría sido yo, mi suegra y quién sabe cuántas personas más”, reflexiona Raúl, quien hoy también funge de testigo de una causa contra varias personas en Chile acusadas del delito de tráfico.
Su tono de voz cambia en el auricular cuando expresa que “a un enemigo mío no le deseo yo que haga ese trayecto”. “Hay que estar en ese momento para saber qué se siente y en la condición que uno se pone cruzando ese desierto de Bolivia para Chile”, concluye.
El tráfico ilegal de personas desde Dominicana o desde Haití mueve cientos de miles de dólares a lo largo de una red que involucra por lo menos seis países para apuntar al otro sueño americano del continente: Chile. Los indicios apuntan a que la mafia incluye el apoyo o la participación de funcionarios de Haití y que la justicia apenas puede hacerle cosquillas a esa red. Afuera de la Embajada haitiana en Santo Domingo, el traficante está muy tranquilo ofreciendo sus servicios: “Yo trabajo aquí en la puerta, doña; soy yo que le resuelve toda la cosa a ella”.
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Este reportaje fue realizado por Tania Molina y Mariela Mejía para Diario Libre en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
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