SANTO DOMINGO. El aspirante a la nominación a la Presidencia de la República del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Hipólito Polanco, sometió hoy una impugnación ante el Tribunal Superior Electoral contra la resolución de la Junta Central Electoral que prohíbe el proselitismo de los precandidatos.
Polanco afirmó que con este sometimiento cesa la efectividad de la medida de la JCE, hasta que haya un fallo del Tribunal Superior Electoral.
Afirmó que la medida afecta los derechos de los aspirantes a todos los niveles en todos los partidos.
“He procedido a impugnar dicha decisión por improcedente, sin fundamento, violatoria de los derechos fundamentales, arbitraría, inconstitucional, porque riñe con los artículos 6, 22.1, 47, 48, 49, 69.10 y 74.2, de la Constitución de la República; relativo a la supremacía de la constitución, derechos de Ciudadanía, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión, tutela judicial efectiva, debido proceso, y principios de reglamentación e interpretación", expresó.
Fernández afirmó que “en realidad, no hay ninguna norma vigente ni disposiciones estatutarias o reglamentarias de los partidos que prohiban la realización de esas acciones en el periodo de pre-campaña”.
A su juicio, la disposición de la JCE es “inaplicable” “debido a que no se encuentra en armonía con el principio universal jurídico, de que lo que no está prohibido, está permitido”.
En la resolución, tomada el pasada 20 de junio, la Junta Central Electoral advirtió que toda persona que se encuentre desarrollando esa práctica transgrede las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales, así como con las disposiciones reglamentaria y estatutaria de los partidos.
La suspensión abarca todas las actividades proselitistas que incluyan movilización de personas en la vía pública, ya sea mediante caminatas o marchas y caravanas en vehículos de motor, despliegue de propaganda en los medios de comunicación, y utilización de vallas con imágenes alusivas a candidatos en calles, carreteras y espacios públicos.
Incluye, además, el uso de altoparlantes para emitir consignas alusivas a las aspiraciones personales.
“Esta institución tiene absoluta competencia reglamentaria, establecida en la Constitución de la República y en las leyes, para exigir el cese inmediato de las actividades mencionadas, sin desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento”, refiere la decisión del pleno.
Los miembros de la JCE, reunidos en pleno, solicitaron al Ministerio de Interior y Policía, a las gobernaciones provinciales del país y a las alcaldías de los municipios, su colaboración para la ejecución de la medida.
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