WASHINGTON. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, urgió ayer a la comunidad internacional a “proteger” al pueblo de Venezuela y evitar que se convierta en una nueva Ruanda, pero aseguró que sus palabras sobre una intervención militar fueron malinterpretadas.
Almagro hizo referencia en Twitter al concepto de la “responsabilidad de proteger”, una idea con la que se comprometieron todos los miembros de las Naciones Unidas en 2005 para actuar cuando fuera necesario prevenir genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y delitos de lesa humanidad.
“En efecto, la responsabilidad de proteger consiste en evitar que suceda. No debemos esperar a que Venezuela sea Ruanda, hay que evitar que sea Ruanda. Y ya son millones las personas asesinadas, torturadas, desplazadas en Venezuela. La responsabilidad de proteger no es contar muertos”, tuiteó Almagro.
Preguntado por Efe sobre si apoyaría una intervención castrense contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para evitar un genocidio como el ocurrido en Ruanda en 1994, Almagro se remitió al video que publicó el domingo.
En esa grabación, Almagro aseguró que dijo “claramente” que debe agotarse “el camino de las acciones diplomáticas”, aunque, agregó, que “no debe descartarse ninguna opción”.
Además, defendió que su objetivo es “detener la violencia, detener la agresión y la represión” dentro del marco del sistema de derecho internacional público y del interamericano.
Al respecto, recordó el genocidio de 1994 en Ruanda y las víctimas del Jemer Rojo, la organización maoísta dirigida por Pol Pot que gobernó Camboya entre 1975 y 1979, periodo en el que murieron 1,7 millones de personas.
“¿Fue conforme a Derecho permitir el genocidio en Ruanda por esgrimir el principio de la no intervención? ¿Fue conforme al Derecho que Pol Pot masacrara a su pueblo por esgrimir el principio de no intervención?”, se preguntó Almagro.
“No, no, no -respondió-. Es completamente inmoral negar a futuro ese derecho al pueblo venezolano. La responsabilidad de proteger es una opción que debe permanecer abierta”.
De esa forma, Almagro defendió la “responsabilidad de proteger”, pero matizaba que se malinterpretaron las palabras que pronunció el viernes desde Colombia sobre una intervención castrense en Venezuela:
“En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”, manifestó entonces, durante una rueda de prensa en el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, a pocos metros de la frontera con Venezuela.
En declaraciones a Efe, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, explicó que la doctrina de la “responsabilidad de proteger” establece que la fuerza solo puede usarse “como último recurso” para impedir un genocidio o una matanza, y siempre que esas medidas generen “mayores beneficios que daños”.
A su juicio, “ese escenario no existe actualmente en Venezuela”, aunque consideró que la comunidad internacional debe redoblar la presión contra la “dictadura” de Maduro.
Vivanco participó junto al canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García, en la rueda de prensa del viernes, cuando Almagro fue preguntado sobre una intervención militar.
La afirmación de Almagro han provocado una ola de reacciones de la comunidad internacional con declaraciones en contra de una intervención militar por parte de Cuba, Ecuador, Bolivia y hasta del Grupo de Lima, compuesto por una docena de países latinoamericanos que considera roto el orden democrático en Venezuela.
El Gobierno venezolano, por su parte, ha asegurado que denunciará a Almagro ante la ONU por “promover una intervención militar” en el país y “atentar contra La Paz de América Latina y el Caribe”, según adelantó hace dos días la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Twitter.
Almagro, que tiene una postura muy crítica con Maduro, ha denunciado a miembros del Ejecutivo venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad y, recientemente, ha creado un grupo de trabajo para estudiar la respuesta regional a la migración venezolana.
Beatriz Pascual Macías
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