QUITO. La fiscalía general de Ecuador abrió el martes una investigación por delincuencia organizada al expresidente Rafael Correa, su entonces vicepresidente, sus exministros y otros altos funcionarios públicos, además de la empresa brasileña Odebrecht, sobre quienes sospecha actos de corrupción.
La medida respondió a la denuncia presentada en marzo pasado por el líder político César Montúfar, quien pidió a la justicia investigar la trama de corrupción liderada por Odebrecht, que entregó millonarias sumas de dinero a funcionarios públicos a cambio de obras estatales.
En declaraciones a radio Sonorama, el denunciante dijo el martes que se conformó “una estructura delictiva operando desde la cúpula del Estado ecuatoriano, que tenía el poder de cambiar la ley, las instituciones para reemplazar funcionarios en perspectiva de generar las condiciones más favorables para que se institucionalice la corrupción en el país”.
Destacó que llama la atención que la fiscalía no ha incluido a Odebrecht en la investigación por corrupción de carácter transnacional y que después de más de dos años de investigaciones el Estado no ha recuperado “ni un centavo, de los miles millones de dólares que se han robado”.
Como parte de la investigación se incluye al ex vicepresidente Jorge Glas, en prisión por otro juicio de corrupción; Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia; José Serrano, exministro del Interior, además de los exfiscales generales Carlos Baca y Galo Chiriboga, al excontralor Carlos Pólit y el exprocurador Diego García.
Correa gobernó con mano de hierro este país entre 2007 y 2017, y dejó el poder en mayo del año pasado cuando se fue a vivir en Bélgica junto a su familia. Desde allá ha negado cualquier acto de corrupción y ha señalado que los procesos en su contra son una retaliación política. Hoy le sucede su antiguo amigo y aliado Lenín Moreno, de quien se distanció desde que éste asumió el poder.
Aparte de los funcionarios señalados, un grupo de exministros y otros altos funcionarios, especialmente del sector petrolífero y de energía, se encuentran en prisión o procesados por delitos relacionados con actos de corrupción propiciados por Odebrecht.
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