SANTO DOMINGO.- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, garantizó este viernes la seguridad en la frontera entre su país y Haití, un día después de que un grupo de haitianos derrumbara la puerta que separa a la localidad haitiana de Juana Méndez de la provincia dominicana de Dajabón.
«Nosotros estamos protegiendo la frontera», dijo el gobernante en respuesta a preguntas de la prensa sobre lo acontecido.
También dijo que el Gobierno de Haití debería pronunciarse acerca de este incidente, que se produjo la tarde del jueves, cuando un grupo de haitianos derrumbó la puerta y la lanzó al fronterizo río Masacre, con la intención de entrar a Dajabón para participar este viernes del mercado binacional, suspendido desde octubre pasado por decisión de la República Dominicana en represalia a la construcción en ese río de un canal por parte del vecino país.
Cientos de haitianos intentaron ingresar este viernes al mercado en esta parte de la frontera, aunque no todos han logrado su objetivo, ya que los militares dominicanos tratan de controlar el flujo de comerciantes y compradores en la zona, cuya seguridad fue redoblada tras lo ocurrido el jueves.
A causa de la construcción por la parte haitiana de un canal en el fronterizo río Masacre, que el Gobierno dominicano considera ilegal, Abinader impuso el 15 de septiembre pasado una serie de medidas que incluían, entre otras, desde el cierre total de las fronteras hasta la suspensión de la expedición de visados a ciudadanos haitianos.
Un mes después, las autoridades dominicanas flexibilizaron las medidas y permitieron la apertura parcial de la frontera, pero los haitianos han decidido no volver a participar en el mercado binacional que se celebraba los lunes y los viernes en varios puntos fronterizos, principalmente en Dajabón.
Incluso, el pasado 11 de noviembre, las autoridades del departamento haitiano del Noreste advirtieron que las personas que intenten introducir a esa nación productos desde República Dominicana serán multadas y sus mercancías serán destruidas, distribuidas o vendidas en subasta pública, pese a la grave crisis en el país vecino, el más pobre de América, donde cerca del 50 % de la población sufre inseguridad alimentaria y la mitad de sus algo más de 11 millones de habitantes vive en la pobreza.